Asunción, Paraguay. – La carga financiera de la Caja Parlamentaria continúa siendo significativa, con gastos administrativos que alcanzan G. 174 millones mensuales, a pesar de las propuestas de reforma en su estructura. Los legisladores oficialistas afirman que la entidad se transformará en una “caja privada”, pero el proyecto aún requeriría financiamiento estatal.
El proyecto de reforma, que cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados, busca cambiar la forma en que opera la Caja, pero sigue financiándose con recursos del estado. Los funcionarios de la Caja, que son 14, continuarán recibiendo más de G. 2.000 millones anuales del gobierno, lo que contradice la idea de operar como entidad privada.
El presidente del Congreso, Basilio Bachi Núñez, defendió la transformación de la Caja como resultado de los aportes individuales de los parlamentarios. Sin embargo, la normativa vigente, que prohibió la recepción de fondos estatales desde 2019, no impidió que los legisladores inyectaran decenas de miles de millones de guaraníes en los últimos años, lo que alimenta el debate sobre la naturaleza de la Caja.
Los salarios de los funcionarios responsables de la Caja son notablemente altos, resaltando el ingreso mensual del director general, Rafael García, quien supera los G. 31 millones. Otras posiciones clave, como las de jubilaciones y prevención de lavado de dinero, también reciben compensaciones significativas, lo que aporta a un total mensual de G. 174 millones en salarios que se contempla en el Presupuesto General de la Nación.
El proyecto de reforma de la jubilación se discutirá nuevamente en el Senado, donde se anticipa que algunos opositores intentarán derogar la Caja Parlamentaria. La reacción pública es fuerte, y organizaciones como la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) han expresado su disconformidad con los privilegios que perciben los parlamentarios, instando a una revisión ética de los beneficios legislativos.