A pesar de avances en el sistema electoral, prácticas fraudulentas y manipulaciones mantienen en duda la calidad de la democracia en el país.
México ha enfrentado históricamente retos para consolidar una democracia auténtica, especialmente en materia electoral. Aunque se han logrado eliminar prácticas tradicionales como urnas embarazadas y otros fraudes evidentes, nuevas formas de manipulación siguen poniendo en entredicho la integridad del proceso democrático.
En 2023, diversos actores políticos adelantaron de manera ilegal los procesos para definir candidaturas presidenciales, buscando tener ventajas desleales en un momento en que la ley marca un calendario preciso. Además, las operaciones internas de partidos, como la conformación de frentes y la promoción de figuras mediante recursos públicos y medios oficiales, constituyen acciones que vulneran la equidad de la contienda.
Por otra parte, en la asignación de escaños parlamentarios se evidenció una sobrerrepresentación que distorsiona la voluntad popular, lograda con la complicidad del Tribunal Electoral. La coalición gobernante alcanzó el 75% de los diputados con solo el 58% de la votación, evidenciando una distribución desproporcionada de escaños.
Otro episodio que ha levantado sospechas es la reciente elección judicial, donde se observaron irregularidades como participación del 100% del padrón en algunas casillas y candidaturas que obtuvieron votos totales en esas urnas. Además, campañas de propaganda ilegal, financiadas por partidos y gobiernos, buscaron influir en el sufragio de manera prohibida, evidenciando que aún existen mecanismos para manipular los resultados electorales en México.
Estos hechos subrayan la necesidad de una revisión profunda y efectiva de las reformas electorales para fortalecer las instituciones y asegurar que la democracia mexicana refleje fielmente la voluntad ciudadana.