Aunque la técnica no está prohibida, la falta de definición política ha pausado su desarrollo, a pesar del potencial de reservas no convencionales en el país.
México posee reservas significativas de recursos no convencionales que, con la tecnología adecuada, podrían incrementar la producción petrolera del país. La tecnología de fractura hidráulica, popular en otros países, está lista para su implementación; sin embargo, en México, su uso permanece en pausa debido a la ausencia de una definición política clara. Aunque no existe una prohibición legal explícita, los procedimientos administrativos y regulatorios complicados, junto con la falta de lineamientos precisos, desincentivan su avance. La administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador descartó oficialmente el fracking en 2018, citando preocupaciones ambientales y de consumo de agua, pero esto no constituyó una prohibición legal. Como resultado, casi el 60% de las reservas del país permanecen sin aprovecharse, pese a su potencial estratégico. Expertos y funcionarios destacados consideran que con un marco regulatorio sólido y tecnología avanzada, México podría aprovechar estas formaciones, beneficiando tanto a la economía energética como a las comunidades locales, siempre bajo estrictas medidas ambientales y de vigilancia.
En este contexto, revisar y actualizar las políticas públicas podría abrir nuevas oportunidades para el país en un escenario donde la innovación tecnológica exige también un marco legal claro y seguro.