La preocupación por la desaparición de 18 mil 192 menores en México, documentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, refleja un problema alarmante. Muchos de estos jóvenes no simplemente desaparecieron, sino que fueron captados por el crimen organizado, convirtiéndose en sicarios, mensajeros y otros roles peligrosos, mientras que otros se marchan buscando oportunidades que nunca encontraron.
El reclutamiento de menores no se basa solo en ofertas de dinero, sino también en la promesa de pertenencia, respeto y propósito. Un joven con una buena noción de su identidad y futuro representa una barrera ante estas tentaciones. La ausencia de esas conexiones fundamentales deja un vacío que el crimen organizado aprovecha. La pregunta queda clara: ¿por qué el entorno familiar o escolar no ha podido ofrecerle ese sentido de pertenencia?
La experiencia internacional, como la transformación de Medellín, Colombia, demuestra que es posible cambiar dinámicas adversas. Al enfocarse en educación y espacios comunitarios, la ciudad logró reducir la violencia y crear oportunidades donde antes solo había abandono. Su enfoque integrador construyó un nuevo sentido de comunidad, alejando a los jóvenes de las bandas criminales.
Asimismo, Los Ángeles implementó un programa similar que priorizó la mediación comunitaria por encima de la represión. Los resultados indican una significativa reducción de homicidios asociados a pandillas y una mejora notable en la resiliencia de los jóvenes, mostrando que el enfoque correcto puede generar un cambio positivo.
La lección es clara: el cambio no proviene de solo medidas represivas, sino de un enfoque integral que invierta en los jóvenes, reconociendo su contexto, sus necesidades y fomentando su identidad. Para transformar la situación en México, se requiere una decisión política que ponga en el centro a la juventud y sus aspiraciones.
Con información de vanguardia.com.mx