La aprobación de reformas otorga más control a Conagua en concesiones, pero enfrenta recortes económicos que afectan proyectos hidráulicos prioritarios.
En las recientes modificaciones a la legislación hídrica del país, se otorgaron a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) nuevas responsabilidades esenciales para la gestión del recurso. La institución, bajo el liderazgo de Efraín Morales López, tendrá ahora la facultad de otorgar concesiones de agua y decidir sobre la reasignación de volúmenes, permitiendo un control más directo sobre la distribución del líquido vital en el territorio nacional. Esta medida busca promover mayor orden y transparencia en las asignaciones, con el fin de optimizar el uso del recurso en un contexto de crecientes desafíos por la escasez y la distribución desigual del agua.
Sin embargo, pese a la ampliación de sus funciones, el presupuesto de Conagua para 2026 sufrió una disminución significativa: se redujo en más de 900 millones de pesos respecto a 2025. Desde 2024, el organismo ha enfrentado una tendencia a recortes presupuestarios, lo cual limita su capacidad de inversión en programas y proyectos críticos. Los expertos alertan que el bajo crecimiento económico proyectado para el país —que para 2025 sería de apenas un 0.03% y en 2026 no alcanzaría siquiera un 1%— complica la asignación de recursos suficientes para atender las prioridades en infraestructura hídrica. El país necesita invertir cerca del 1% del Producto Interno Bruto en el sector, cifra que ronda los 350,000 millones de pesos, según recomendaciones internacionales, pero actualmente los fondos disponibles son insuficientes para impulsar el Plan Nacional de Hídrico, que incluye 37 proyectos prioritarios y 17 estratégicos dirigidos a mejorar el acceso a agua potable, drenaje y saneamiento.
Recientemente, la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley General de Aguas y reformas a la Ley Nacional de Aguas tras largas jornadas de discusión. La propuesta, impulsada por la presidencia, sufrió algunos ajustes ante las protestas del sector agrícola y campesino. Ahora, la legislación pasa al Senado para su discusión definitiva, en un contexto de desafíos económicos y sociales que afectan la gestión del recurso hídrico en México.