El fondo de desastres naturales ha enfrentado irregularidades sistemáticas y una reducción en el apoyo a damnificados, tras décadas de operación. El Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) fue instaurado en 1996 para responder de manera rápida ante eventos como huracanes, inundaciones y sismos. Sin embargo, auditorías realizadas desde hace más de una década revelan patrones persistentes de irregularidades en su manejo, incluyendo pagos fuera de normatividad, obras sin contratos adecuados y duplicidad de gastos. Uno de los casos más notorios evidenció pagos por más de cinco millones de pesos a contratistas en estados como Chiapas, Oaxaca y Morelos, que no cumplían con los requisitos establecidos en los periodos autorizados ni contaban con la documentación pertinente. Este historial de fallas se suma a otros ejemplos en diferentes administraciones, donde se detectaron sobregastos y obras inconclusas por montos millonarios, especialmente después de desastres en Veracruz y Tabasco. La Auditoría Superior de la Federación ha señalado repetidas deficiencias en la gestión de estos recursos, incluyendo el incumplimiento de contratos y pagos indebidos. Como respuesta, en 2020, el gobierno de la República eliminó oficialmente el fondo, calificándolo como un “hoyo negro de corrupción” y un esquema excesivamente burocrático. Se prometió que las ayudas llegarían directamente a las comunidades afectadas mediante censos sociales, sin intermediarios ni constructoras favorecidas, para evitar el uso discrecional de los recursos públicos. En el contexto actual, las autoridades buscan fortalecer la atención y transparencia en la distribución de ayuda, garantizando que los recursos destinados a desastres sirvan realmente a quienes más lo necesitan, en un entorno marcado por antecedentes de malversación y complicaciones en la respuesta efectiva.
Sábado, 9 de mayo de 2026
