La fiscalía en Michoacán habría manifestado intenciones hostiles hacia el edil asesinado, en un contexto de crisis política y de seguridad.
La situación política en Michoacán se ha visto marcada por una serie de revelaciones que evidencian la profunda problemática en las instituciones encargadas de la procuración de justicia. Un legislador cercano al alcalde Carlos Manzo, víctima de un homicidio que conmueve la región, informó sobre una conversación ocurrida dentro de la Fiscalía de Michoacán, en la que funcionarios habrían expresado expresiones agresivas y hostiles hacia el edil fallecido. En un operativo realizado en un centro comercial, uno de los presentes escuchó que los empleados públicos comentaban que “ya deberían de chingarse a este cabrón,” haciendo referencia al presidente municipal.
Este relato señala una posible complicidad o, al menos, una percepción de impunidad dentro de los órganos encargados de investigar el caso, que actualmente se encuentra en la mira de las autoridades nacionales. La disputa por esclarecer el móvil del asesinato ha puesto en evidencia el papel del crimen organizado en la región, con investigaciones que vinculan al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y sus posibles implicaciones en la muerte del alcalde, cuya seguridad también está siendo revisada. La Fiscalía General del Estado ha confirmado que el arma utilizada pertenece a un grupo criminal, mientras que las líneas de investigación continúan abiertas para atender amenazas y posibles amenazas en contra del equipo de seguridad de Manzo.
Por su parte, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha subrayado que es fundamental depurar las instituciones, eliminando cualquier práctica de nepotismo, complicidad o favoritismo. La muerte de Carlos Manzo ha puesto de manifiesto los niveles de violencia e impunidad que aún prevalecen en la entidad, y resalta la necesidad de fortalecer la transparencia y la responsabilidad en las investigaciones para garantizar justicia y seguridad en la región.