DURANGO, DURANGO. – La Fiscalía de Durango se encuentra en el ojo del huracán ante crecientes señalamientos de corrupción y presuntos vínculos con grupos criminales, avivados por el caso de Édgar “N”, alias “El Limones”, que ha escalado a la atención nacional e internacional.
El periodista especializado en crimen organizado, Luis Chaparro, ha señalado que la abogada defensora de “El Limones”, Maricela de Alba Stevenson, presuntamente pertenece o perteneció a la nómina del Gobierno del Estado, habiendo laborado en la Fiscalía y recientemente en la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente como directora jurídica. Ha circulado un documento fechado en noviembre que autoriza a De Alba Stevenson y a Juan Guajardo Jáquez para representar a Édgar “N” en un amparo, sin que autoridad alguna lo haya desmentido o autentificado.
Adicionalmente, transportistas de la Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Hamotac), a través de su delegado Saúl López Reséndiz, han denunciado que la propia Fiscalía del Estado habría filtrado información privilegiada a operadores de un grupo criminal local, facilitando las acciones de “El Limones” y la CATEM. López Reséndiz afirmó tener pruebas de cómo, tras interponer cinco denuncias, los denunciantes fueron golpeados al día siguiente por individuos armados, obligándolos a retirar sus acusaciones, hechos que supuestamente están documentados en video. La falta de postura oficial por parte de la Fiscal del Estado, Sonia Yadira de la Garza, ante estas graves acusaciones, intensifica las sospechas sobre nexos entre autoridades y grupos criminales.
La situación se agrava con el caso de Perla Muñoz, hija de Anabel, una trabajadora de limpieza acusada de complicidad en el robo de un bebé del Hospital Materno Infantil. Perla Muñoz viajó a Ciudad Juárez para exponer ante la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, presuntas irregularidades en el proceso legal de su madre. Acusa directamente a la Fiscal del Estado de fabricar testimonios para mantener detenida a su madre, a pesar de que inicialmente se declaró tener evidencia contundente. Este caso ha generado malestar ciudadano, dado que no se ha señalado a personal de vigilancia ni a la empresa responsable, que se presume tiene nexos con funcionarios estatales de alto nivel, mientras que se ha enfocado en una mujer de escasos recursos que lucha por demostrar su inocencia.
La acumulación de acusaciones contra la Fiscalía y su titular sugiere que investigaciones federales sobre presuntos nexos con grupos criminales podrían estar cerca de alcanzar a los responsables de la toma de decisiones en la dependencia estatal.