La gestión de Soto al frente del tribunal electoral ha sido calificada por expertos como una de las más polémicas, con evidencias de alineamiento con Morena y el gobierno.
El 31 de octubre culmina la gestión de Mónica Soto como presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en un período que ha sido objeto de fuertes cuestionamientos por parte de especialistas en justicia electoral. La administración de Soto ha sido interpretada como una de las más controversiales en la historia del organismo, debido a decisiones que parecen favorecer los intereses del partido en el poder y del gobierno federal.
Desde su llegada en diciembre de 2023, Mónica Soto asumió un papel que, según análisis especializados, evidenció un desplazamiento de la independencia que caracterizó a su predecesor, Joel Reyes Rodríguez. Durante su mandato, el tribunal aprobó decisiones que permitieron una sobrerrepresentación parlamentaria de Morena y sus aliados, superando los límites constitucionales, lo cual ha sido considerado como un factor que ha acelerado la tendencia autoritaria en México. Además, la remoción anticipada de magistrados y la aprobación de reformas judiciales reforzaron la percepción de un tribunal alineado con el oficialismo.
Este contexto se enmarca en un proceso electoral de alto impacto, donde decisiones del Tribunal Electoral, bajo el liderazgo de Soto, facilitaron la consolidación del poder de Morena, incluyendo la avalancha de leyes que han centralizado y militarizado instituciones judiciales y políticas. La polémica decisión sobre la sobrerrepresentación en el Congreso y la negativa a reconocer irregularidades en las elecciones refuerzan la visión de que el tribunal ha funcionado como una oficina política más que como un órgano autónomo.
Contextualmente, la llegada de Soto a la presidencia estuvo marcada por una alianza de magistrados que destituyó a su antecesor en medio de acusaciones sobre interferencias externas, propuestas que se analizaron en el ámbito judicial y político. La cercanía con figuras del gobierno, así como las decisiones tomadas durante su gestión, generan un debate sobre la independencia y el equilibrio del poder judicial en México.
El desempeño de la magistrada en temas relacionados con violencia de género y derechos humanos también ha sido objeto de crítica, señalando un retroceso en los criterios de protección a las mujeres, a pesar de su tendencia a mostrarse como defensora de la igualdad en el discurso.