La última sesión se realizará el martes 12, marcando el cierre de 30 años de decisiones clave y un proceso de renovación institucional.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación llevará a cabo su última sesión el martes 12, concluyendo un periodo de 30 años en el que se abordaron temas fundamentales como los derechos reproductivos, matrimonios igualitarios y la liberación de Florence Cassez. Este cierre marca el fin de una etapa marcada por decisiones polémicas y cambios jurídicos de gran impacto social.
Durante estas tres décadas, la Corte ha dictado resoluciones que han definido derechos para las mujeres, reconocieron derechos de personas del mismo sexo y invalidaron pruebas en casos de secuestro, como el de la ciudadana francesa Florence Cassez, por montaje policial. La gestión saliente deja un saldo de tensiones políticas, cuestionamientos públicos y pendientes en operación interna, legitimidad y comunicación institucional.
Héctor Díaz Santana, ex fiscal y especialista en Derecho, señala que el principal reto de la nueva administración será definir si operará bajo un esquema de liderazgo vertical o como un órgano colegiado que establezca una ruta común. Además, destaca la importancia de preparar a los más de 800 jueces y magistrados que ingresan al Poder Judicial Federal tras el proceso de selección ciudadana, asegurando su competencia en audiencias y procesos orales.
El experto también advierte sobre la necesidad de fortalecer la cohesión interna del Poder Judicial y equilibrar la experiencia de jueces veteranos con la energía de los nuevos integrantes. La legitimidad de la Corte se verá afectada por el escándalo en el proceso de selección y por la percepción pública de su papel.
Entre los temas pendientes, Díaz Santana menciona casos tributarios y financieros relacionados con evasión fiscal de grandes empresas, así como concesiones en sectores como telecomunicaciones y energía. Por su parte, Abraham Solís, constitucionalista y ex funcionario de la Suprema Corte, afirma que la institución dejó un sentimiento de desolación entre sus funcionarios, por no haber conectado con la ciudadanía ni explicado el valor de sus resoluciones.
Solís advierte que con una presidencia que durará solo dos años, la próxima integración enfrentará riesgos de protagonismo y decisiones improvisadas, además de precisar que el Tribunal de Disciplina Judicial deberá reforzar la vigilancia sobre conductas públicas y casos de corrupción para mantener la credibilidad.
Tanto Díaz Santana como Solís coinciden en que la próxima Corte deberá mejorar sus estrategias de comunicación para recuperar la confianza social y evitar que la percepción de un Poder Judicial alineado al Ejecutivo se consolide en el futuro cercano.