La Fiscalía defiende la legalidad de las investigaciones y descarta instrucciones externas en el proceso que enfrenta la dirigente de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. La Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que sus investigaciones en torno a María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, se llevan a cabo sin presiones externas ni sesgos políticos. La institución explicó que el proceso, iniciado en septiembre pasado, busca garantizar que las acciones legales se apeguen estrictamente al marco jurídico vigente. Además, rechazó categóricamente que exista alguna instrucción para manipular el caso y sostuvo que su labor se realiza con total autonomía, respetando los derechos de las partes involucradas. Este proceso judicial contra Casar, quien ha sido una figura crítica de los gobiernos de Morena y del actual mandatario, se centra en supuestos beneficios económicos derivados de la pensión de su difunto esposo, exfuncionario de Pemex. Las acusaciones, que comenzaron a publicarse en mayo de 2024, señalan irregularidades relacionadas con la procedencia y aceptación de dicha pensión, vinculadas a una causa de muerte considerada suicidio por Pemex, la cual sería controvertida en el proceso. El contexto del caso revela también una estrategia política, dada la exposición pública de información personal de Casar y sus familiares, además de tensiones con el gobierno en funciones. La defensora ha insistido en que sus acciones están fundamentadas en derechos adquiridos reconocidos por varias resoluciones judiciales y ha denunciado un intento de usar una tragedia familiar con fines políticos. La primera audiencia del proceso tendrá lugar el 16 de diciembre, en la que se determinará la posible vinculación a proceso y el curso del juicio. Este caso se inscribe en un escenario donde la lucha contra la corrupción y la transparencia en México enfrentan acusaciones de intentos de manipulación política. La relevancia radica en cómo la
Miércoles, 13 de mayo de 2026
