Víctimas y legisladores reclaman acciones frente a las muertes por drogas adulteradas en la ciudad, donde se investigan irregularidades en controles sanitarios.
La comunidad de Rosario enfrenta una crisis sanitaria tras la identificación de una serie de muertes relacionadas con el consumo de fentanilo contaminado. Desde el inicio del año, al menos 49 personas han perdido la vida en la ciudad, que registra la mayor cifra de fallecimientos por esta causa en el país. La situación ha llevado a familiares de las víctimas a exigir respuestas contundentes y mayores controles en el sistema sanitario y la regulación de medicamentos.
Durante una reunión de la comisión investigadora en el Congreso, los testimonios de los afectados revelaron un profundo malestar por la falta de atención adecuada y por el trato inhumano recibido en centros de salud. La aparición de ampollas contaminadas en varias partidas distribuidas en diferentes distritos, adquiridas por múltiples instituciones públicas y privadas, expone fallos en los controles sanitarios que permiten la circulación de drogas adulteradas. La investigación apunta a una organización que producía y distribuía fentanilo contaminado, cuyas principales responsables, incluido un laboratorio de Rosario, están bajo investigación penal.
Este problema va más allá del daño individual; evidencia una falla estructural en la trazabilidad y regulación de medicamentos inyectables en el país. Profesionales y familiares coinciden en la necesidad de implementar mecanismos que aseguren la seguridad de los pacientes y evitar tragedias como las ocurridas. La crisis ha motivado también una preocupación social por la vulnerabilidad de los sectores más afectados, principalmente aquellos en situación de pobreza o marginalidad, que carecen de la protección adecuada frente a productos peligrosos. La impunidad y la posible complicidad de actores que con conexiones políticas y empresariales dificultan la resolución del caso, mantienen en vilo a la comunidad y a las autoridades.
La discusión continúa en las instancias judiciales, donde se busca identificar todos los lotes contaminados y fortalecer los controles regulatorios para futuros episodios. La movilización de las familias afectadas y la atención de los diputados y autoridades buscan impulsar reformas urgentes que garanticen la protección de la salud pública y el derecho a una atención digna, en un contexto donde la infraestructura sanitaria y la regulación aún presentan serias deficiencias.