La alcaldía de Campeche anunció la recuperación de más de siete hectáreas para un proyecto de salud, enfrentando acusaciones de persecución política y conflictos legales.
En una medida que ha generado controversia en la región, el gobierno de Campeche anunció la expropiación de terrenos localizados en Lomas del Castillo, destinados a la creación de la Universidad de la Salud “Rosario Castellanos”. La acción, respaldada por un dictamen técnico y legal, busca impulsar un proyecto de impacto social dirigido a la formación de profesionales en ciencias de la salud.
Estos predios, que abarcan más de siete hectáreas, figuran en registros a nombre de particulares cuya identidad se relaciona con la esfera política local, incluyendo presuntos prestanombres vinculados a figuras relevantes del estado. La gobernadora Layda Sansores defendió la expropiación, argumentando que responde a un interés público y que promoverá el bienestar social a largo plazo.
Por su parte, Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), calificó la medida como un acto de persecución política. Acusó al gobierno de Sansores y al gobierno federal de fabricar cargos y de intentar afectarlo personalmente. Además, anunció que considerará acciones legales contra la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien señala de difamación y abuso de poder tras acusaciones relacionadas con la adquisición de los terrenos. La situación ha puesto en evidencia las tensiones sobre el uso del territorio y la política en el estado, y resalta la polarización en torno a decisiones de alto impacto social y político.
Este caso refleja cómo la expropiación de terrenos puede convertirse en un escenario de conflictos jurídicos y políticos, particularmente cuando involucra a figuras públicas de alta relevancia en la escena nacional y local. La controversia pone de manifiesto la importancia de la transparencia en los procesos expropiatorios y el impacto que estos tienen en las dinámicas de poder.