La política de seguridad en el país se ha ajustado, pero persisten dificultades en coordinación y puesta en marcha de programas clave.
En los últimos años, las acciones para fortalecer la seguridad pública en México han experimentado cambios sustanciales en sus objetivos y enfoques, reflejando tanto esfuerzos de modernización como obstáculos en la implementación efectiva. La estrategia nacional, que en su fase inicial buscaba eliminar la corrupción, regenerar el tejido social y reformular la lucha contra las drogas, ha reducido sus metas principales a disminuir la criminalidad, neutralizar actores violentos y mejorar la prevención del delito a nivel local. Sin embargo, la falta de coordinación entre las instituciones de los diferentes niveles de gobierno ha generado fragmentación en los esfuerzos, dificultando el logro de estos objetivos a largo plazo. Además, algunos programas fundamentales aún no han sido publicados, lo que limita la operatividad y coherencia de la política de seguridad pública. La situación revela que, para avanzar con éxito, es fundamental fortalecer la colaboración institucional y garantizar la implementación de programas con un enfoque integral y una visión compartida que priorice la protección ciudadana y el Estado de derecho.
Este escenario refleja la importancia de que las autoridades redoblen esfuerzos para consolidar una estrategia integral que combine la aplicación estricta de la ley, la promoción de la justicia social y la participación activa de las comunidades para reducir la incidencia delictiva y restaurar la confianza en las instituciones.