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Estados con IMSS Bienestar enfrentan mayor presión financiera en salud

La centralización del gasto en salud y cambios en la Ley de Coordinación Fiscal limitan recursos a los estados, que deben cubrir más con fondos propios, aumentando su presión financiera.

Por Redacción1 min de lectura
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La centralización del gasto en salud limita recursos federales a los estados, quienes deben cubrir más por sus propios fondos, incrementando su carga financiera.

La implementación del programa IMSS Bienestar ha tenido un impacto significativo en las finanzas de las entidades federativas que participan en él. La transferencia de recursos desde el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) se ha reducido, lo que obliga a estos gobiernos a destinar un porcentaje mayor de sus recursos propios para mantener la atención a la población sin seguridad social. Más allá de este desplazamiento presupuestal, las entidades enfrentan una serie de desafíos económicos, como el incremento en gastos de pensiones, salarios y obligaciones con la federación, lo que agudiza su presión financiera.

Desde 2024, cambios en la Ley de Coordinación Fiscal han permitido que la Secretaría de Hacienda descarte directamente ciertos fondos del FASSA para enviarlos al IMSS Bienestar, provocando una caída en los recursos distribuidos a los estados con convenio del 23% en 2024 y del 20% en 2025. En contraste, los estados sin convenio registran recién pequeñas disminuciones o incluso incrementos. La rigidez presupuestal del sector salud en muchas ocasiones dificulta la adecuación, obligando a los gobiernos locales a utilizar recursos propios para mantener los servicios básicos.

Este ajuste presupuestal también se refleja en la proporción de gasto estatal dedicado a salud pública, que ha disminuido del 47% en 2023 al 37% en 2024 en los estados con convenio. La tendencia indica que, a medida que se centralizan los recursos y servicios médicos, las entidades deben buscar soluciones alternativas para garantizar la cobertura sanitaria de sus poblaciones.

A modo de contexto adicional, la centralización progresiva en salud busca optimizar recursos y mejorar la gestión, pero también puede complicar la sostenibilidad financiera de las unidades estatales, que enfrentan cada vez más retos para mantener sus niveles de atención sin incrementar excesivamente sus propios gastos.

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