Bogotá, Colombia. – Recientes irregularidades han acaparado la atención mediática sobre el gobierno de Gustavo Petro, destacando a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, quien enfrenta imputaciones por violación de topes de gastos electorales y tráfico de influencias. Estas acusaciones, además, coinciden con el alarmante descenso de Colombia en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025.
El mismo día que se dio a conocer la imputación contra Roa, la Fiscalía programó otra para Juliana Guerrero, quien ya había estado en la mira debido a irregularidades en su título de contadora. Guerrero está acusada de fraude procesal y falsedad ideológica y fue destacada por el uso indebido de recursos públicos durante su gestión en el Ministerio del Interior, donde se le señala por vuelos injustificados en aeronaves de la Policía Nacional.
En 2024, otro escándalo de corrupción estalló en el gobierno de Petro, que involucró a exministros y miembros del M-19, acusados de operar una organización ilegal enfocada en la distribución de contratos mediante la UNGRD. Este caso ha resultado en detenciones, incluyendo a expresidentes del Senado y la Cámara. A pesar de las acusaciones, algunos congresistas permanecen en campaña para las elecciones legislativas de 2026.
Además, Nicolás Petro, hijo del presidente, ha sido objeto de controversia a causa de un juicio por presunto lavado de activos. La Fiscalía lo investiga por la recepción de fondos de origen dudoso durante la campaña presidencial de 2022. Nuevas imputaciones lo vinculan a un “acuerdo corrupto” relacionado con contratos de la Gobernación del Atlántico, aunque un juez le permitió enfrentar el proceso en libertad.
Las repercusiones de estos escándalos continúan afectando el clima político en Colombia, generando una creciente preocupación entre la población sobre la percepción de corrupción en el país y la integridad de sus líderes.