La política de atención a desastres en México fue reformada para mejorar transparencia, rapidez y reducir riesgos de irregularidades en el manejo de recursos. El Fondo de Desastres Naturales (Fonden), creado en 1996 para asistir en emergencias, fue eliminado en 2021 tras detectarse múltiples deficiencias en su gestión. La decisión se basó en evaluaciones que evidenciaron que el mecanismo era reactivo y presentaba altos costos, además de carecer de transparencia y haber sido objeto de corrupción. Durante su operación, el fondo operaba como fideicomiso, lo que limitaba la fiscalización pública y retrasaba la entrega de ayuda, en algunos casos hasta 120 días después de un desastre. Desde 2017, auditorías federales habían señalado irregularidades en la comprobación y el seguimiento de los recursos ejercidos en acciones de reconstrucción tras sismos y otros fenómenos. Estas observaciones reforzaron el argumento de que el modelo requería una revisión integral. Como alternativa, la actual estrategia apuesta por una atención directa a la población, que permite una respuesta más rápida y transparente en casos de emergencias, ejemplificada en la atención eficiente a huracanes recientes en áreas afectadas. El cambio busca evitar los procesos burocráticos y las prácticas opacas que durante años caracterizaron al fideicomiso, promoviendo un sistema de asistencia más efectivo y sujeto a mecanismos de rendición de cuentas. La transición hacia un modelo más ágil intenta fortalecer la capacidad de respuesta del Estado ante futuras crisis, garantizando que los recursos lleguen oportunamente y con mayor control.
Miércoles, 13 de mayo de 2026
