Ciudad de México, CDMX. – El Gobierno de México ha decidido eliminar la exención del pago de aranceles para la importación de diversos productos alimenticios, incluyendo carne de res y cerdo, leche y sus derivados, frijol, arroz, aceites vegetales y embutidos. Esta medida, publicada en el Diario Oficial de la Federación, responde a la consideración de que actualmente existe una oferta interna suficiente para satisfacer la demanda nacional y cumplir con las metas productivas establecidas.
La exención, implementada inicialmente como una medida temporal y extraordinaria dentro del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) en 2022 para mitigar el alza de precios post-pandemia, ahora se retira para fortalecer el mercado interno y la producción agroalimentaria nacional. Esta decisión se alinea con las prioridades del Plan México y del Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030, que buscan reducir la dependencia de las importaciones y potenciar a los productores mexicanos.
Específicamente, en el sector lácteo, la medida está vinculada a la meta de alcanzar una producción nacional de 15 mil millones de litros anuales para 2030, apoyada por inversiones públicas y programas de apoyo al sector. Para los aceites vegetales, el objetivo es proteger la cadena productiva nacional y fomentar un mayor valor agregado interno.
En cuanto a las carnes de res y cerdo, la supresión de la exención arancelaria tiene como fin impulsar la autosuficiencia alimentaria, permitiendo únicamente esquemas de importación administrada que no pongan en riesgo el abasto ni la inocuidad de los productos. A partir de 2026, productos como ganado bovino vivo, carne de res y cerdo, leche en diversas presentaciones, frijol, arroz, aceites vegetales específicos, tilapia, así como embutidos y productos cárnicos procesados, dejarán de beneficiarse de esta exención.
El decreto contempla periodos de transición para aquellos importadores que cuenten con contratos vigentes celebrados durante 2025. Estos podrán mantener el beneficio arancelario hasta marzo de 2026, y en algunos casos hasta 2027, con el propósito de evitar afectaciones contractuales y ajustes bruscos en el mercado.