El período de descanso de la Cámara de Diputados incluye además pagos millonarios y genera cuestionamientos sobre su productividad legislativa. La Cámara de Diputados anticipa una pausa legislativa que superará las seis semanas, con el inicio de sus vacaciones programado para el 11 de diciembre y su retorno previsto para el 1 de febrero de 2026. Este receso, que coincide con el cierre del actual período ordinario que comenzó en septiembre, permitirá a los legisladores desconectarse de sus funciones en San Lázaro y regresar a sus comunidades y distritos electorales, donde algunos continuarán con tareas de gestión territorial. En el contexto político, esta extensa pausa coincide con un notable gasto en prestaciones económicas. Para la temporada de fin de año, la Cámara autorizó un fondo superior a los 150 millones de pesos destinados al pago de aguinaldos y otros beneficios, con cada diputado recibiendo aproximadamente 304 mil pesos, que incluyen sueldo, aguinaldo y apoyos legislativos. Por su parte, los senadores también percibirán cantidades sustanciales, llegando a casi 385 mil pesos por cada integrante, cifras que representan un desembolso estatal de más de 200 millones en total. No obstante, este período de descanso llega en medio de críticas dirigidas a la productividad del Legislativo. Datos recientes revelan que la aprobación de iniciativas es mínima, con solo el 3.7% de las propuestas presentadas logrando convertirse en leyes, y que el esquema de trabajo a distancia sigue afectando la eficiencia en la legislatura. Adicionalmente, han ocurrido incidentes donde algunos legisladores han sido captados realizando actividades no relacionadas con sus funciones oficiales, lo que mantiene las dudas sobre el compromiso y el rendimiento del Congreso en la actualidad. Este receso legislativo refleja también la necesidad de replantear los mecanismos de productividad y eficiencia política para garantizar un ejercicio más responsable y cercano a las demandas ciudadanas en l
