Se revela la presunta utilización de contratos de desarraigo para financiar campañas políticas, generando preocupaciones sobre posible malversación.
Durante un contacto confidencial con un militante, un legislador de Tierra del Fuego discutió en detalle sobre la estrategia para modificar contratos laborales y canalizar fondos destinados a financiamiento partidario. La conversación expuso un esquema en el cual contratos de desarraigo, que se entregan para cubrir gastos de traslado y estadía, serían utilizados de manera irregular para obtener fondos adicionales y sostener la estructura del partido La Libertad Avanza en la provincia.
El desarraigo es una asignación que se otorga mensualmente a los empleados que deben trasladarse de Río Grande a Ushuaia, y su monto ronda los 497 mil pesos mensuales. Sin embargo, este dinero, que no genera aportes ni registros contables habituales, aparece como un mecanismo alternativo de financiamiento, con transferencias que parecen ser utilizadas para cubrir gastos internos del partido.
La revelación proviene de un asesor cercano al legislador, quien señala que el diputado en cuestión ha financiado parte de la operación con fondos propios, poniendo más de 1.5 millones de pesos en juego. La irregularidad se profundiza por las transferencias de dinero a cuentas de terceros y el posible uso de estos recursos para sostener gastos políticos sin control oficial.
Este caso ha levantado suspicacias sobre prácticas que podrían constituir delitos como la malversación de fondos y la defraudación a la administración pública. Expertos y miembros del peronismo local han alertado sobre la gravedad del esquema, que compromete la transparencia y legalidad del financiamiento partidario en esa jurisdicción.
El acontecimiento resalta la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización en la gestión de fondos políticos, particularmente en contextos donde la economía familiar de los empleados públicos se combina con estrategias poco transparentes para sostener campañas electorales.