Familias y defensores denuncian arrestos arbitrarios y agresiones policiales en el marco de una protesta que terminó en enfrentamientos, evidenciando posibles irregularidades. El 15 de noviembre se registraron enfrentamientos entre manifestantes y agentes de seguridad en el Centro Histórico de la Ciudad de México, tras una movilización convocada por grupos que se identifican como parte de la Generación Z. La marcha, que inicialmente tuvo un carácter pacífico en demanda de justicia y seguridad, culminó en caos y detenciones masivas, incluyendo a personas que niegan haber participado en protestas. Entre los arrestados se encuentra un joven de 28 años, quien fue presentado como participante y posteriormente acusado por delitos como robo y lesiones, pese a que su familia afirma que salía a realizar tareas laborales en ese día. Diversos testimonios indican que la actuación policial fue violenta, con golpes por parte de elementos de seguridad y uso de extintores contra algunos manifestantes. La Fiscalía informó que inició procesos jurídicos contra varias personas, asegurando que las detenciones cumplieron con los protocolos necesarios. Sin embargo, familiares y abogados denunciaron irregularidades, incluyendo detenciones sin pruebas concretas y agresiones que en algunos casos derivaron en lesiones graves. La situación genera preocupación sobre el uso excesivo de la fuerza y la criminalización de jóvenes en contextos de movilización social, en medio de un clima de creciente tensión social en la capital y el país. El caso del joven detenido refleja un patrón preocupante de actuación policial y señalamientos de prácticas que podrían vulnerar derechos fundamentales. La comunidad y los defensores de derechos humanos llaman a una revisión de los procedimientos y a garantizar un trato justo para todos los involucrados, independientemente de su participación en las protestas. La movilización y sus resultados ponen sobre la mesa la necesidad de diálogo y transparencia en el manejo
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