La empresaria Altagracia Gómez enfatiza que su colaboración fue honoraria y sin fondos públicos, mientras que el gobierno asegura que el acuerdo fue cancelado.
En un contexto donde las acusaciones sobre posibles relaciones entre empresas privadas y el gobierno central han generado suspicacias, la empresaria Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, aclaró que no percibió fondos públicos por su participación en proyectos asignados por el Estado. Gómez Sierra reiteró que su participación en cualquier iniciativa ha sido siempre en carácter honorario y orientada al desarrollo del país, poniendo énfasis en la transparencia y la legalidad.
El asunto surgió tras la difusión de un contrato supuestamente adjudicado a Grupo Minsa, empresa de Gómez Sierra, por un monto cercano a los 346 millones de pesos, destinado a transformar maíz en harina en coordinación con Diconsa y Segalmex. Sin embargo, la compañía aseguró que dicho contrato fue cancelado antes de que se procesara alguna operación y que no recibió ninguna contraprestación económica. La cancelación se explicó como una decisión previa al inicio efectivo de actividades, en línea con principios de transparencia.
Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó en una conferencia matutina que no existe ningún conflicto de interés y que el contrato en cuestión fue cancelado formalmente. Este episodio se inscribe en una tendencia de escrutinio público sobre las relaciones entre empresas privadas y administraciones públicas en la actual administración federal, que busca mantener una imagen de transparencia y evitar vínculos que puedan cuestionar la ética gubernamental.
Es importante contextualizar que, en el ámbito de la política y el desarrollo económico, las colaboraciones entre empresas privadas y el Estado son comunes y pueden ser beneficiosas. Sin embargo, la clave está en garantizar que estos vínculos actúen dentro de un marco legal claro, promoviendo la competencia y la integridad en los procesos de adjudicación y ejecución de contratos públicos, elementos esenciales para fortalecer la confianza ciudadana.