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La desigualdad mundial se intensifica; 1% más rico concentra 41% de la riqueza

Un informe del G20 revela que en 24 años, el 1% más rico del planeta concentra el 41% de la nueva riqueza, agravando las desigualdades globales.

Por Redacción1 min de lectura
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El informe del G20 advierte que los niveles de concentración de riqueza impactan la estabilidad social, política y económica a nivel global.

En los últimos casi 25 años, la acumulación de riqueza en los sectores más altos de la población ha alcanzado niveles preocupantes, con el 1% más rico del planeta concentrando aproximadamente el 41% de la nueva riqueza generada. Mientras tanto, el 50% más pobre experimentó un incremento mínimo de su patrimonio, solo 585 dólares en comparación con millones de dólares en las cuentas de los multimillonarios. Estos datos reflejan un desfase en el crecimiento económico que favorece principalmente a una élite, agravando las desigualdades sociales y económicas.

El estudio, elaborado por expertos independientes del Comité del G20 y liderado por el economista Joseph Stiglitz, enfatiza que factores como pandemias, conflictos internacionales y tensiones comerciales han exacerbado la pobreza global. Se calcula que una cuarta parte de la población mundial enfrenta inseguridad alimentaria, en tanto la riqueza de los superricos ha alcanzado cifras récord, con fuertes transferencias hereditarias estimadas en unos 70 billones de dólares en la próxima década.

Este panorama evidencia un debilitamiento de las clases medias en muchos países y aumenta la probabilidad de retrocesos democráticos, lo que puede desencadenar inestabilidad política. La creciente desigualdad no solo es una problemática social sino también un riesgo económico que requiere respuestas coordinadas. Para ello, el informe recomienda crear un panel internacional dedicado a la desigualdad, reformar las políticas económicas y fiscales, y fortalecer mecanismos de cooperación global para favorecer una distribución más justa de recursos y oportunidades.

Este escenario obliga a repensar las políticas públicas y las normativas internacionales para promover una economía más inclusiva, donde la movilidad social y la justicia fiscal sean prioridades en la agenda global y nacional.

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