Mientras algunos jubilados reciben más de 80 mil pesos mensuales, otros apenas alcanzan los 1,6 mil; el sistema de pensiones en México presenta brechas profundas y desiguales.
En el contexto de la protección social en México, las pensiones varían significativamente según el régimen y la institución que las otorga, generando una marcada desigualdad entre los adultos mayores. La disparidad más notable se encuentra entre quienes reciben beneficios de empresas públicas como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), y aquellos que dependen de programas sociales, como la Pensión Mujeres del Bienestar. Mientras un jubilado de la CFE puede obtener una pensión anual de aproximadamente 961 mil pesos, una beneficiaria de la Pensión Mujeres del Bienestar recibe cerca de 19,3 mil pesos al año, lo que implica una diferencia de hasta 50 veces.
El análisis de expertos en políticas sociales revela que la falta de un sistema de pensiones homogéneo y uniforme en México favorece a ciertos sectores, dejando a otros en condiciones precarias. Los fondos aportados por programas como la Pensión Universal y pensiones para discapacitados representan montos mucho menores, agravando aún más las desigualdades existentes. Además, los esquemas pensionarios en empresas estratégicas como Pemex y CFE mantienen beneficios extremadamente costosos para el Estado, siendo uno de los principales factores detrás del incremento en el gasto público destinado a pensiones, que creció en 2024 en torno al 5% en promedio. La necesidad de una reforma integral que homologue requisitos y beneficios, además de garantizar una redistribución más justa, resulta imperante para asegurar una vejez digna para todos los mexicanos y aliviar la presión financiera del sistema.
Contextualmente, diversos estudios muestran que esas desigualdades limitan la equidad social y ponen en riesgo la sostenibilidad del sistema pensionario, afectando la calidad de vida de quienes alcanzan la vejez sin recursos adecuados.
La existencia de esquemas privilegiados en grandes empresas públicas y la insuficiencia del apoyo estatal para los sectores más vulnerables resaltan la urgencia de políticas públicas que promuevan la igualdad y la sustentabilidad en los beneficios de jubilación.
Las pensiones en Pemex y CFE continúan en aumento, dejando en evidencia los costos adicionales que implica mantener estos beneficios desproporcionados y que, en muchos casos, son financiados con fondos públicos y aportaciones de todos los mexicanos.