Ixtaltepec, Oaxaca. – Un trágico descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido la mañana de este domingo mientras cubría la ruta de Salina Cruz a Coatzacoalcos, ha dejado un saldo de 13 personas fallecidas y 109 heridos. El incidente, que se suma a las críticas sobre la gestión de proyectos de infraestructura del sexenio anterior, pone de manifiesto presuntas irregularidades en la asignación de contratos y la calidad de los materiales utilizados.
Este suceso evoca controversias previas relacionadas con la construcción de obras insignia de la llamada “Cuarta Transformación”. En julio de 2024, se reveló que Gonzalo López Beltrán, hijo del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, fungió como supervisor “honorífico” de una obra con un costo superior a los 65 mil millones de pesos. La tragedia de este domingo intensifica el escrutinio sobre uno de los proyectos emblemáticos del obradorismo.
Meses antes de que se hiciera público el rol de López Beltrán, conversaciones telefónicas expuestas sugerían que el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio, cercano a los hijos del expresidente, habría recibido un contrato gubernamental de más de 490 millones de pesos. Este contrato, destinado al suministro de balasto (piedra triturada para la estabilidad de las vías), supuestamente se otorgó sin las certificaciones de calidad adecuadas.
Las grabaciones difundidas incluían presuntas instrucciones de “Bobby”, como se le conoce a López Beltrán, dirigidas a Olán, exigiendo la producción de 500 mil metros cúbicos de balasto antes de una fecha específica. Asimismo, se hizo referencia a presuntos pagos a un laboratorio para asegurar la aprobación de balasto de calidad cuestionable. Pedro Salazar Beltrán, primo de los hijos del expresidente y proveedor del tren, habría mencionado en dichas conversaciones la necesidad de realizar “mochadas” al laboratorio por cada tres mil metros cúbicos de material analizado, para agilizar la aprobación.
Las declaraciones atribuidas a Salazar Beltrán, como “Ya cuando se descarrile el Tren, ya va a ser otro pedo”, han cobrado notoriedad tras el accidente. Se señala que quienes habrían actuado bajo el amparo del gobierno anterior recibieron contratos tanto para el Tren Maya como para el Ferrocarril Interoceánico.
En respuesta a la polémica, la presidenta Claudia Sheinbaum, durante una conferencia matutina, habría manifestado su oposición a investigar a los hijos del expresidente. Según reportes, Sheinbaum criticó la cobertura mediática, calificándola de “rapiña” y con el objetivo de “denostar”, sin hacer referencia explícita a los antecedentes mencionados.
La administración de Sheinbaum ha sido señalada por un presunto hostigamiento hacia la prensa, alcanzando niveles sin precedentes según la organización Artículo 19, que documentó 51 casos de acoso judicial contra medios y periodistas en el primer semestre de 2025. Este contexto se enmarca en un año que cierra con la tragedia del Interoceánico y críticas hacia la libertad de expresión y la rendición de cuentas.
Durante 2025, se reportó un proceso judicial contra un periodista o medio de comunicación cada cuatro días. Estos procesos se han extendido por 18 estados del país. Paralelamente, se ha documentado la salida de periodistas de medios de comunicación, interpretada como una operación de “silenciamiento” y presiones desde la Presidencia para marginar voces críticas.
La reciente aparición del libro “Cállense: los nuevos rostros de la censura”, editado por Grano de Sal, que compila textos de diversos autores, es presentado como un reflejo de la censura en México durante el primer año de la administración de Sheinbaum, evidenciando presiones que se han vuelto parte de la cotidianidad de los medios.
El descarrilamiento del Ferrocarril Interoceánico no solo añade una tragedia a un proyecto ya controvertido, sino que también cierra un año marcado por la impunidad, ataques y persecución a la prensa crítica, enviando, según la perspectiva del artículo, un mensaje de “Cállense” desde la Presidencia.