Expertos alertan sobre la falta de transparencia y la crisis en derechos humanos en el cambio en la Fiscalía, evidenciando un sistema debilitado.
En un contexto de creciente preocupación por el estado del sistema de justicia en México, se ha señalado que la selección del nuevo fiscal general presenta claros indicios de irregularidades y falta de transparencia. La falta de comparecencias públicas y la continuidad de prácticas poco éticas evidencian un proceso viciado desde sus cimientos, contribuyendo a un deterioro progresivo de los derechos humanos en el país. La situación refleja una crisis profunda en la procuración de justicia, donde las investigaciones y carpetas judiciales se ven afectadas por fenómenos de inacción y manipulación, especialmente en casos que no generan impacto mediático.
Históricamente, las instituciones encargadas de la justicia en México han enfrentado desafíos en mantener su autonomía y eficiencia, problemas que se han agravado con acciones que parecen buscar mantener el control político sobre las fiscalías, en lugar de fortalecer la independencia del sistema. La existencia de nombramientos anticipados en áreas clave de la Fiscalía, sin autorización formal, revela una tendencia a priorizar el control sobre la institucionalidad. Además, la salida del fiscal general anterior habría sido motivada por filtraciones de expedientes confidenciales, lo que pone de manifiesto las fracturas internas y el nulo respeto por la transparencia en los procesos judiciales.
Este escenario tiene implicaciones peligrosas para la democracia y el estado de derecho, pues limita las investigaciones en contra de poderosos y favorece la impunidad. La participación social y la vigilancia de los medios de comunicación siguen siendo insuficientes para presionar reformas reales en el sistema de justicia, agravando la situación. La composición actual del sistema, con fiscalías de partidos y nombramientos a modo, refuerza un círculo vicioso que dificulta una rendición de cuentas efectiva, poniendo en duda la legitimidad de los procesos de selección y el compromiso con derechos fundamentales.
Considerando estos hechos, la crisis en el sistema de justicia y derechos humanos requiere una intervención profunda con reformas que aseguren autonomía, transparencia y estabilidad institucional, factores esenciales para el fortalecimiento del estado de derecho en México.