Expertos alertan sobre la influencia de prácticas culturales en funciones públicas, y llaman a fortalecer la separación entre religión y Estado en México.
En un contexto donde la separación entre religión y Estado es fundamental para el fortalecimiento democrático, un destacado jurista cuestionó la realización de rituales tradicionales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Durante un evento reciente, médicas originarias de Oaxaca llevaron a cabo prácticas de limpieza con copal, ofrendas y entregaron bastones ceremoniales a las autoridades judiciales, acciones que generaron debate sobre los límites entre cultura y funciones institucionales.
El abogado subrayó que los símbolos de autoridad, como el bastón, deben estar respaldados únicamente por la Constitución, no por ceremonias culturales que podrían interpretarse como una mezcla de religiosidad con poder público. Aclaró que valorar y respetar las tradiciones indígenas es esencial, pero éstas no deben enturbiar la neutralidad laica que exige la estructura constitucional mexicana. La legitimidad del poder emana del marco legal, y acciones que puedan crear confusión sobre las fuentes de autoridad necesitan ser revisadas.
Este episodio resulta relevante en el marco de la discusión sobre la inclusión y el respeto a las expresiones culturales en eventos oficiales. Sin embargo, la presencia de rituales con connotaciones religiosas en espacios institucionales podría afectar la percepción de imparcialidad y afectar la confianza en las instituciones democráticas. La reflexión radica en definir claramente los límites entre apreciación cultural y la función del Estado, garantizando que la Constitución sea la única referencia legítima de autoridad.
Desde una perspectiva histórica, México ha defendido por décadas un Estado laico, donde la iglesia y las instituciones oficiales deben mantenerse separadas para promover la igualdad y la libertad religiosa. La tendencia actual invita a fortalecer estas reglas y a evitar que expresiones culturales se conviertan en símbolos de autoridad estatal, preservando así el carácter democrático del país.