La aumentada incidencia de ansiedad, depresión y suicidio demanda que ciudadanía y gobierno implementen políticas efectivas para mejorar el bienestar psicológico de la población. La salud mental en México atraviesa una etapa crítica, con indicadores que evidencian un aumento alarmante en trastornos como ansiedad, depresión y suicidio. Investigaciones recientes indican que desde 2020, la cifra de jaliscienses que han perdido la vida por motivos relacionados con la salud mental ascendió a más de tres mil. La situación es aún más compleja cuando se observa que, aunque la depresión afecta mayormente a las mujeres, la mayoría de los casos de suicidio en la región corresponden a hombres, lo que señala la necesidad de estrategias diferenciadas y efectivas. Este escenario se enmarca en una problemática global, donde el incremento en el consumo de drogas y alcohol contribuye a exacerbar los trastornos mentales. La situación revela la urgencia de que la atención psicológica y psiquiátrica sea considerada un derecho fundamental y esencial en la política de salud pública. La falta de inversión en estos ámbitos y la percepción de que la salud mental es un asunto privado limitan las acciones preventivas y de tratamiento, dejando a muchas personas sin la ayuda necesaria. Además, se observa que factores como la exposición excesiva a redes sociales en edades tempranas, la carencia de programas de educación emocional en la escuela y la desinformación sobre la fortaleza ante los problemas mentales, agravan la crisis. Expertos sugieren incorporar prácticas de gestión emocional en el sistema educativo, regular el uso de plataformas digitales y promover espacios comunitarios que fortalezcan los lazos sociales. La planificación urbana también debe orientarse a crear espacios públicos sanos y seguros, que contribuyan al bienestar psicológico. La integración de estos enfoques requiere la colaboración de todos: gobiernos, instituciones, empresas y ciudadanía. Solo a través de acciones coordi
Miércoles, 13 de mayo de 2026
