Las fallas estructurales y la dependencia judicial dificultan localizar a las víctimas y generan una crisis humanitaria en el país.
México enfrenta una grave crisis en los esfuerzos por localizar a personas desaparecidas, debido a problemas estructurales que limitan la eficacia de las investigaciones y prolongan el sufrimiento de las familias afectadas. La fragmentación de procesos, la saturación de instituciones y una lógica judicial rígida dificultan la coordinación y respuesta oportuna, lo que provoca que muchas búsquedas se conviertan en tareas ciegas y sin resultados claros. La dependencia de las fiscalías y el marco legal que obliga a seguir procedimientos judiciales complican aún más la labor, impidiendo la adopción de estrategias extrajudiciales que podrían ser más humanas y efectivas. Esta situación refleja la necesidad urgente de reformar el sistema para garantizar una búsqueda más eficiente, coordinada y accesible en todo el territorio nacional. La inacción prolonga la incertidumbre de las familias, mientras las instituciones luchan por adaptarse a una problemática que crece día a día y que exige respuestas inmediatas y estructurales.