La prohibición total de los vapeadores en México impulsó su contrabando y fortaleció a cárteles criminales, que ahora dominan su comercio ilegal.
La reciente modificación a la Ley General de Salud en México ha generado un mercado negro en expansión para las bandas criminales, quienes ahora controlan la introducción, distribución y venta de vaporizadores en el país. La prohibición total, implementada mediante reformas constitucionales y decretos presidenciales desde 2020, ha llevado a que más de 5 millones de dispositivos de vapeo se comercialicen de forma ilícita cada mes, alimentando una economía delictiva que suma millonarios ingresos para grupos organizados.
Este escenario resulta preocupante si se considera que países como Reino Unido, Francia, Chile y Perú han integrado el uso de vaporizadores en estrategias de reducción de daños, respaldadas por evidencia que los considera significativamente menos dañinos que los cigarrillos tradicionales. La prohibición en México, en cambio, ha evidenciado que las políticas extremas pueden tener efectos contrarios a la salud pública, favoreciendo el mercado ilegal y complicando los esfuerzos para reducir el consumo de tabaco y productos relacionados.
Diversos estudios internacionales relacionan esta prohibición con un aumento en la actividad delictiva y un empuje hacia el contrabando transfronterizo, lo cual puede tensar relaciones con Estados Unidos, especialmente en una revisión del acuerdo comercial del TMEC. Grupos como Los Chapitos, el Cártel Jalisco Nueva Generación y La Unión Tepito ya controlan estas operaciones ilícitas, extendiendo su influencia más allá de las drogas y armas.
La presencia de estas organizaciones en el mercado ilegal de vaporizadores no solo profundiza la problemática del crimen organizado, sino que también limita las oportunidades para una regulación efectiva que permita controlar la calidad y venta de estos productos. La comunidad activista y expertos exhortan a las autoridades a reconsiderar una regulación integral, que incluya controles sanitarios, impuestos y medidas para evitar su acceso por menores, en lugar de sostener prohibiciones que benefician a las mafias.
Es esencial entender que las políticas públicas deben estar orientadas a proteger la salud sin alimentar la criminalidad. La experiencia internacional demuestra que regular estos productos puede reducir daños y disminuir los recursos disponibles para las organizaciones ilícitas, haciendo del control sanitario una prioridad en la lucha contra el tabaquismo y las redes delictivas.