La discusión sobre validar un impuesto del 2% a servicios como Uber y Rappi se aplaza tras manifestaciones y diálogo con afectados en México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha decidido postponar la resolución sobre la constitucionalidad de un impuesto del dos por ciento dirigido a repartidores de plataformas digitales en la Ciudad de México. La medida, impulsada por el partido Morena, busca que las empresas del sector contribuyan por el uso de infraestructura urbana, argumentando que esto favorece la sostenibilidad y el orden en el espacio público. El caso, que anteriormente había sido revisado por instancias judiciales, se encuentra en proceso de reconsideración, en medio de un contexto de protesta por parte de los trabajadores afectados. Manifestantes se congregaron frente a la sede judicial para expresar su oposición, señalando que esta carga podría disminuir sus ingresos y afectar sus medios de vida. En la última sesión, el ministro presidente de la SCJN solicitó postergar la discusión para dialogar con los involucrados, mostrando interés en escuchar a las partes antes de emitir una resolución definitiva. Para comprender la relevancia de esta suspensión, es importante destacar que muchos repartidores operan como autònomos y dependen de plataformas digitales que han visto en ellas una fuente de empleo flexible. La decisión de la Corte refleja el interés en equilibrar los aspectos jurídicos con las necesidades de estos trabajadores y el interés público en mantener una infraestructura urbana ordenada. La resolución final podría influir significativamente en la normativa fiscal que afecta a miles en la capital mexicana, además de sentar un precedente en la regulación de servicios digitales en la región. Este proceso de análisis, que comprende deliberaciones y escucha de los distintos sectores, subraya la complejidad de regular un mercado en rápida expansión y la importancia de que las decisiones judiciales consideren tanto la legalidad como los imp
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