La Suprema Corte evalúa modificar su criterio, lo que podría reducir la participación de las personas con discapacidad en decisiones legislativas clave, generando inquietud entre organizaciones sociales.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza la posibilidad de modificar un criterio fundamental que obliga a revisar de oficio si leyes o políticas públicas fueron consultadas con las organizaciones de personas con discapacidad antes de su aprobación. Esta revisión, que ha sido un mecanismo para garantizar la participación de un sector históricamente excluido, corre el riesgo de ser flexibilizada, lo cual preocupa a defensores de derechos humanos y colectivos sociales.
Actualmente, el tribunal impone que, en caso de que una legislación se apruebe sin realizar consultas previas, pueda ser invalidada por incumplir con un requisito formal. Sin embargo, algunas ministras y ministros sugieren que esa sanción automática podría ser excesiva y proponen adaptar el criterio para evitar invalidaciones por cuestiones meramente formales.
Expertos advierten que eliminar o limitar la revisión de oficio podría forzar a las propias personas con discapacidad a denunciar omisiones, lo que sería una carga desproporcionada, considerando las barreras estructurales que enfrentan. La inclusión de instrumentos efectivos de participación ha sido vital para proteger derechos esenciales, como el derecho a decidir y a la igualdad, ejemplos claros de avances logrados gracias a mecanismos de consulta formal.
Organizaciones civiles han exhortado a la Corte a mantener su compromiso de escuchar y considerar la voz de las personas con discapacidad, proponiendo que cualquier decisión final se tome tras realizar una consulta pública, accesible e inclusiva. La relevancia de esta discusión radica en que su resultado puede afectar la protección efectiva de derechos y la legitimidad del proceso judicial en la defensa de los derechos humanos.
En opinión de expertos, una postura que disminuya el peso de la consulta en la administración de justicia enviaría un mensaje preocupante, no solo para las personas con discapacidad, sino también para otros grupos vulnerables que utilizan mecanismos similares de participación en procesos jurídicos y legislativos. La Corte tiene el reto de equilibrar la técnica jurídica con su responsabilidad de promover decisiones inclusivas y representativas.