Audiencias públicas buscan definir si se mantiene o modifica la obligación de consultar antes de legislar, en un contexto de diferencias entre ministros. La Suprema Corte de Justicia de la Nación inició un periodo de audiencias públicas para evaluar si mantiene vigente el criterio que desde 2016 invalida leyes que no se someten a consulta previa con personas con discapacidad. Este debate surge en medio de discrepancias internas entre los ministros, quienes expresaron posiciones enfrentadas respecto a la obligatoriedad y alcance de dicha consulta. La discusión tiene su origen en una propuesta que busca flexibilizar la obligatoriedad de la consulta, argumentando que su finalidad es proteger derechos sustantivos, no solo cumplir un requisito formal. La audiencia, que se extenderá hasta el miércoles, busca incluir voces de la sociedad civil y expertos para que el Pleno tome una decisión fundamentada. Las diferencias entre los ministros evidencian cómo los criterios sobre derechos humanos y procedimientos legislativos están en la central del análisis. Este proceso es considerado un ejercicio democrático para fortalecer la protección de derechos en la legislación.
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