Bogotá, Colombia. – La Corte Constitucional de Colombia prohibió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) investigar a quienes no son considerados máximos responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad. La decisión fue tomada por votación unánime de los magistrados, quienes calificaron como inexequible una interpretación previa de la JEP.
La magistrada Natalia Ángel presentó la ponencia que llevó a la Corte a retirar esta interpretación. La JEP había sostenido que su competencia se extendía más allá de los máximos comandantes para incluir a aquellos que ejercen influencia significativa en la comisión de crímenes, pero esta interpretación fue declarada contraria a la ley estatutaria de la JEP y al Acuerdo de Paz.
Este fallo es relevante porque la JEP había argumentado que su definición de “máximo responsable” incluía a quienes, aunque no estuvieran en la cima de la cadena de mando, tenían un papel determinante en los delitos. Sin embargo, la Corte limitó su capacidad para juzgar a otros comparecientes implicados en el conflicto armado.
La situación previa había creado un vacío legal, dejando a muchos comparecientes en un limbo jurídico. Al juzgar a personas que no eran máximos responsables, la JEP generaba un cuello de botella en la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, complicando la resolución de casos. Exnegociadores de las Farc y del gobierno habían expresado su preocupación sobre este enfoque, dado que contradice los términos del Acuerdo de Paz.
A la espera de un pronunciamiento oficial, la JEP aún no ha comentado sobre esta decisión de la Corte. La situación actual reabre el debate sobre el alcance de la justicia transicional en Colombia y la necesidad de definir claramente las responsabilidades en el conflicto armado.