La Corte reafirmó que el Estado mexicano posee plena soberanía sobre recursos naturales, validando cambios en la regulación de concesiones mineras impulsados en 2023. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ratificado la constitucionalidad de la reforma a la Ley Minera aprobada en 2023, fortaleciendo las facultades del Estado mexicano para regular la explotación de recursos naturales. Durante la deliberación, los ministros destacaron que los recursos ubicados en el subsuelo, como minerales y aguas, son propiedad originaria y de dominio directo de la nación, por lo que el gobierno tiene la autoridad para modificar los procedimientos y requisitos para otorgar concesiones. Este pronunciamiento se produce en un contexto donde las solicitudes de concesión presentadas por empresas privadas enfrentaron controversias legales en medio de una política que busca limitar la entrega de nuevos permisos en el sector minero y de aguas nacionales. La decisión valida la modificación legal que, desde 2023, busca frenar nuevas concesiones y reforzar el control del Estado sobre estos recursos. Además, la reforma se implementó como una respuesta a obstáculos políticos en la reforma constitucional energética, y ha generado una serie de amparos por parte de sectores privados que alegan afectaciones a sus derechos. Es importante contextualizar que, históricamente, el Estado mexicano ha considerado que siempre tiene la potestad de modificar las leyes que regulan los recursos naturales, dado que estos son inalienables y de dominio público. La resolución judicial refuerza esa línea, asegurando que las concesiones no representan derechos irrenunciables, sino permisos cuya vigencia puede ser revisada conforme a la legislación vigente. La decisión consolida el rumbo de la administración actual en la gestión de los recursos, priorizando la soberanía del Estado en un sector estratégico para el país.
Miércoles, 13 de mayo de 2026
