La decisión genera controversia sobre su impacto económico y su compatibilidad con acuerdos internacionales en medio de rechazo del sector digital. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó la implementación de un nuevo impuesto dirigido a plataformas de servicios de entrega bajo demanda, como Rappi y Didi, generando una discusión sobre su impacto en la economía digital. Esta resolución contradice una postura anterior en junio, cuando la misma corte consideró que el artículo del código fiscal era inconstitucional por su posible carácter gravamen indirecto a repartidores y usuarios. Diversas organizaciones del sector digital expresaron su preocupación por la naturaleza discriminatoria del impuesto, que afecta específicamente a este tipo de plataformas, y advierten que podría frenar la innovación y el crecimiento del ecosistema. Además, señalaron que dicha carga fiscal podría derivar en menores ingresos para los repartidores y tarifas más altas para los consumidores, lo cual impacta en la accesibilidad y competitividad del mercado. El debate se intensifica ante la posible tensión con el acuerdo del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que prohíbe cargas fiscales que favorezcan a ciertos actores económicos. La falta de claridad y las sentencias contradictorias de la SCJN han aportado incertidumbre sobre la regulación futura del sector, que es clave para la economía digital del país y su internacionalización. En este contexto, expertos coinciden en que la economía digital representa un pilar fundamental para el crecimiento y la inclusión social, por lo que las políticas deben equilibrar la recaudación fiscal con la promoción de un entorno favorable a la innovación y la competencia leal.
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