La reforma constitucional en Santa Fe fortalece la influencia política sobre jueces y fiscales, marcando un cambio en la estructura judicial y en la relación con el gobierno provincial.
En un avance significativo en la reforma constitucional de Santa Fe, el gobierno de Maximiliano Pullaro logró aprobar cambios que incrementan el control político sobre el Poder Judicial. La modificación normativa establece nuevos criterios para la composición de la Corte Suprema, la designación y remoción de jueces, fiscales y defensores públicos, y la estructura del consejo asesor de la justicia. Estos cambios buscan reducir la influencia de las instituciones judiciales tradicionales y aumentar la participación del estamento político en decisiones clave. La reforma también contempla la creación de una Corte con siete ministros, con paridad de género, que se retirarán a los 75 años o tras 20 años en el cargo, y la unificación de las fiscalías y defensas en un solo órgano autónomo con financiamiento propio. Además, se eliminan los concursos para nombrar a fiscales y defensores, permitiendo al gobernador seleccionar directamente a los responsables. Este proceso ha generado fuertes debates sobre la independencia judicial y el peso del poder político en las instituciones judiciales, evidenciado por las tensiones internas y la resistencia de sectores judiciales y políticos contrarios a los cambios. La reforma marca un punto de inflexión en la relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial en la provincia, en un contexto de disputas por el control y la reforma del sistema de justicia.