La dirigencia del consejo benefició a despacho vinculado a su familia con recursos públicos, generando cuestionamientos sobre ética y transparencia.
Durante la administración de María Elena Álvarez-Buylla, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) adjudicó en 2023 un contrato por más de 4.4 millones de pesos a un despacho de arquitectura, Estudio MMX, para desarrollar la museografía del Centro Nacional de Cultura de la Salud y Bienestar Kalan. La relevancia de esta contratación radica en que el despacho fue fundado por Jimena García Álvarez-Buylla, hija de la exdirectora del organismo, y la propiedad donde reside la joven arquitecta se encuentra en Tlalpan, cerca del inmueble familiar.
El proyecto incluía la creación de un modelo museográfico y propuesta gráfica para un espacio público destinado a promover el acceso universal al conocimiento. Aunque el espacio fue inaugurado en septiembre de 2024, aún permanece cerrado al público, lo que ha planteado cuestionamientos acerca de la transparencia en el uso de recursos públicos para beneficiarios cercanos a la funcionaria.
Este caso pone en tensión los principios establecidos en el Código de Conducta del Conahcyt, que obliga a los funcionarios a evitar conflictos de interés y garantizar que sus decisiones no favorezcan intereses familiares o personales. La relación profesional y familiar entre Álvarez-Buylla y el despacho favorecido, a través de una adjudicación directa, ha sido interpretada como una posible transgresión a dichas normas.
Al margen de este incidente, la gestión de Álvarez-Buylla ha sido objeto de observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación, específicamente por irregularidades en el manejo de fideicomisos y ejercicios presupuestales. Estas anomalías se suman a las dudas sobre la gestión ética y la transparencia en uno de los órganos del sector científico y cultural del país.
El caso refleja la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas en instituciones públicas, para evitar que los conflictos de interés afecten la confianza ciudadana en las políticas y proyectos del gobierno.