Viña del Mar, Valparaíso. – La Contraloría General de la República ha revelado graves irregularidades en la gestión de ayuda tras los megaincendios del 2 de febrero de 2024. Se identificaron problemas serios en la Delegación Presidencial y en la municipalidad, liderada por la alcaldesa Macarena Ripamonti, lo que ha activado posibles acciones legales.
La auditoría puso en evidencia pagos por servicios no ejecutados, maquinaria no verificada y subcontrataciones inadecuadas, con sobreprecios alarmantes en algunos contratos. En total, se revisaron nueve contratos que suman cerca de $ 8.966 millones, lo que representa el 34% de los gastos de la Delegación en respuesta a la catástrofe.
Uno de los hallazgos más destacados fue el pago de más de $ 525 millones en servicios no acreditados. Esto incluye $ 125 millones a la empresa Minera y Constructora Río Grande SpA, donde la ejecución no pudo ser verificada. También se encontraron pagos duplicados y errores en la documentación presentada, lo que pone en duda la transparencia del proceso.
Los informes criticaron la falta de control interno en la Delegación Presidencial, con retrasos significativos en los pagos y la omisión de procedimientos administrativos esenciales. Se constató que ambas empresas subcontratadas no cumplían con los requisitos normativos, lo que agrava la situación y señala deficiencias estructurales en la gestión de emergencias.
La Contraloría ha recomendado que se informen los hallazgos al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público. Mientras tanto, la Delegación asegura estar colaborando con la investigación y ha comprometido a iniciar sumarios administrativos para esclarecer responsabilidades. Además, se han hecho llamados a manejar la situación con responsabilidad para evitar el uso político de la emergencia.