La comisión investigadora proyecta un informe contundente por retrasos y falta de colaboración en el caso Libra, evidenciando tensiones entre poderes judicial y legislativo.
En medio de avances en una causa judicial en Estados Unidos relacionada con la criptomoneda Libra, las autoridades argentinas están preparando un informe en el Congreso que apunta duramente contra la actuación del Poder Judicial en el caso. La comisión investigadora, liderada por Maximiliano Ferraro, buscará evidenciar obstáculos, incumplimientos y posibles encubrimientos por parte de algunos funcionarios judiciales, así como la falta de colaboración entre los distintos poderes del Estado. Uno de los puntos clave es el rechazo del juez a entregar detalles del expediente Libra a la comisión, decisión que se fundamentó en la opinión del fiscal Eduardo Taiano, quien consideró que solo las partes involucradas y sus abogados pueden acceder al expediente.
El juez Martínez de Giorgi dejó firme el embargo a los empresarios acusados, Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli, vinculados con personas cercanas al presidente y con antecedentes de vaciamiento financiero tras la caída de Libra. La decisión judicial fue basada en consideraciones de Taiano, quien sostuvo que no existía peligro de fuga ni riesgo de entorpecimiento en las medidas cautelares vigentes.
Mientras tanto, en el Congreso existía malestar por la ausencia de citados que no acudieron a comparecer por voluntad propia, y la negativa del juez a utilizara la fuerza pública para hacerlos comparecer. La tensión refleja el conflicto latente entre el Legislativo y el Judicial, en un contexto en el que el organismo legislativo busca esclarecer las maniobras que podrían haber beneficiado a ciertos actores financieros en un escenario local e internacional.
El análisis del caso Libra evidencia la necesidad de reforzar la colaboración entre poderes y transparentar los procedimientos judiciales en procesos que involucran intereses económicos y políticos de gran impacto.