La nueva legislación busca frenar el mercado negro del agua y reforzar la protección de este recurso estratégico en México.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) plantea una Ley General de Aguas que contempla sanciones más estrictas para quienes extraigan o trasladen el recurso de manera ilegal. La propuesta establece penas que van desde un año hasta diez años de prisión, con castigos aumentados en casos que involucren a servidores públicos. La iniciativa también busca acabar con el mercado clandestino del agua, prohibiendo transferencias de concesiones entre particulares y cambios en el uso del líquido, como de agrícola a industrial, sin autorización adecuada. Además, se implementará un Registro Nacional del Agua para rastrear cada concesión y prevenir actos de corrupción, junto con un Fondo de Reserva para reasignar los volúmenes recuperados. Esta reforma reafirma que el agua debe ser considerada un bien estratégico y un derecho de todos los mexicanos, en lugar de solo una mercancía. Como parte de las acciones concretas, el gobierno, en colaboración con el Ejército Mexicano, inició operativos en zonas industriales donde se detectó venta y extracción irregular de agua, con el objetivo de sancionar estos delitos con multas, prisión y la posible extinción de dominio de los terrenos involucrados. La nueva legislación pretende fortalecer las herramientas jurídicas para proteger los recursos hídricos en México y desalentar actividades ilícitas que amenazan el suministro y la sustentabilidad del recurso.