La política fiscal oficial mantiene el estímulo en cero, lo que puede impactar en los precios y en la economía de los consumidores y empresas mexicanas.
Desde el 6 de diciembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha confirmado que el estímulo fiscal para los combustibles en México se mantiene en 0%, un estado que lleva 35 semanas consecutivas. Este escenario implica que tanto la gasolina Magna como el diésel seguirán pagando el impuesto completo durante la semana del 6 al 12 de diciembre, afectando los precios al consumidor y la economía interna. La decisión se publicó en el Diario Oficial de la Federación, y desde mediados de abril pasado, el gobierno dejó de aplicar apoyos fiscales para estos combustibles, marcando un cambio en la política de subsidios que tuvo un costo estimado de casi 397 mil millones de pesos en 2022.
El fin de los estímulos significa que los precios de los combustibles, que ya reflejan la volatilidad de los mercados internacionales, podrían incrementarse aún más, afectando a consumidores, transportistas y diversos sectores económicos. La eliminación de estos apoyos expone una mayor vulnerabilidad ante fluctuaciones en los precios del petróleo y los cambios en el tipo de cambio, lo que puede traducirse en aumentos en los costos de transporte y en los productos de consumo diario.
El acuerdo actual establece cuotas específicas para el impuesto, con la gasolina de menor octanaje en 6.455 pesos por litro, mientras que la gasolina de 91 octanos o superior tiene una cuota de 5.4513 pesos y el diésel, 7.0946 pesos. Al 5 de diciembre, los precios promedio en el país son de aproximadamente 23.51 pesos por litro de gasolina Magna, 25.49 para la Premium y 26.08 para el diésel, cifras que pueden experimentar variaciones ante la ausencia de estímulos fiscales.
La decisión tiene relevancia en un contexto donde los precios de los combustibles afectan no solo a los hogares, sino también a las cadenas de producción y distribución nacionales, en un entorno de inflación y volatilidad económica global. La desaparición de los subsidios incrementa la exposición de la economía mexicana a estos riesgos, haciendo más urgente un análisis estratégico sobre políticas energéticas y de apoyo a la economía popular.