Una mujer colombiana de 29 años, que buscaba asilo en Estados Unidos, fue deportada a la República Democrática del Congo. Este caso refleja una problemática más amplia relacionada con las deportaciones hacia países donde los migrantes no tienen conexiones previas, un enfoque adoptado durante la administración del expresidente Donald Trump.
La colombiana salió de su país en 2024 debido a amenazas de grupos armados y violencia de género. A pesar de ser monitoreada con un dispositivo GPS en Texas, las autoridades migratorias decidieron enviarla a Congo, país del que asegura no tenía conocimiento previo. Este hecho ha suscitado cuestionamientos sobre el trato a migrantes en situaciones vulnerables.
Informes indican que varios ciudadanos latinoamericanos, deportados a Congo, contaban con órdenes de protección emitidas por jueces migratorios, que debieron impedir su expulsión. Sin embargo, la mujer y otros migrantes fueron detenidos por agentes de ICE y enviados a ese país bajo un respaldo migratorio que no garantizaba su seguridad.
Hasta 15 migrantes han sido deportados a Congo en este contexto. La situación actual es incierta para ellos, ya que deben decidir entre regresar a sus países de origen, donde enfrentan potenciales riesgos, o permanecer en un lugar desconocido, careciendo de una red de apoyo. La Organización Internacional para las Migraciones ha ofrecido asistencia limitada, pero no toma decisiones sobre las deportaciones.
La falta de claridad en los acuerdos entre las autoridades congoleñas y estadounidenses ha generado críticas. Se teme que estas políticas de deportación a terceros países afecten el derecho de asilo, y algunos casos ya están siendo revisados legalmente en EE. UU. Una reciente sentencia ordenó la repatriación de una ciudadana deportada a Congo, subrayando la controversia que envuelve estas tácticas migratorias.
Con información de elimparcial.com