A pesar de las denuncias y evidencias, la causa por irregularidades en la compra de medicamentos vinculadas a primos de los Menem fue cerrada, generando preocupación en el entorno político.
En agosto de 2024, se reveló que una investigación por presuntos actos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) había sido archivada hace un año, a pesar de contar con documentación y audios que apuntaban a irregularidades. La denuncia, presentada inicialmente por un abogado de una organización civil, señalaba presiones y vínculos con familiares de figuras políticas argentinas, incluyendo a primos de los Menem, en el proceso de contratación de una droguería. El procedimiento judicial, que en su momento fue asignado al juzgado número 11 y posteriormente derivado al juez Sebastián Casanello, se basaba en la sospecha de que fondos públicos habrían sido desviados mediante un esquema que involucraba a figuras de alto nivel y presiones internas. Sin embargo, el fiscal Carlos Rívolo concluyó que la competencia del proceso y los documentos aportados no demostraban trato desigual en la adjudicación, por lo que decidió cerrar el caso. Recientemente, nuevas evidencias y audios de un ex funcionario de la Andis salieron a la luz, generando una reactivación en las investigaciones, ahora en manos del juez Casanello, y en el contexto de incertidumbre sobre posibles encubrimientos. La revelación de estos hechos revela las complejidades y las luchas internas entre diferentes actores políticos y judiciales, además de poner en evidencia las dificultades para avanzar en casos de corrupción en el ámbito público.