La acción de inconstitucionalidad busca eliminar barreras que impiden el acceso a cargos públicos para personas de pueblos originarios.
La Paz, Baja California Sur. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Baja California Sur promueve una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra disposiciones de una ley estatal que, según el organismo, generan discriminación hacia personas indígenas y afromexicanas. La iniciativa, calificada como histórica, es la primera de su tipo promovida por la CEDH BCS en sus 33 años de existencia y la única presentada por una autoridad estatal en la historia de la entidad.
La impugnación se enfoca en las fracciones I y II del artículo 99 de la Ley de Derechos de las Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas de Baja California Sur, publicadas el 30 de octubre de 2025. Estos preceptos exigen, para ocupar la titularidad de la Dirección de Atención para Personas Indígenas y Afromexicanas, acreditar “modo honesto de vivir” y poseer un título profesional con al menos cinco años de antigüedad.
La CEDH BCS argumenta que estos requisitos vulneran los principios constitucionales de igualdad y no discriminación. Señala que imponen barreras desproporcionadas y habilitan una discrecionalidad valorativa que obstaculiza el acceso de personas indígenas y afromexicanas a un cargo público diseñado precisamente para representar y atender las necesidades de sus comunidades. La institución resalta que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), solo el 5% de la población indígena y afromexicana en Baja California Sur cuenta con estudios de licenciatura, lo que hace la exigencia de título profesional con cinco años de antigüedad excesiva.
Esta acción responde a la petición de auxilio de personas indígenas y afromexicanas que participaron en el proceso de consulta de la ley. Estos ciudadanos manifestaron su desacuerdo con los requisitos establecidos, pero sus opiniones no fueron incorporadas en la normativa aprobada por el Congreso del Estado. La CEDH BCS busca así garantizar que las leyes promuevan la inclusión y no se conviertan en impedimentos para la participación y representación de los grupos históricamente marginados.
La promoción de esta acción de inconstitucionalidad por parte de la CEDH BCS subraya la importancia de la representación equitativa en los órganos de gobierno y la necesidad de revisar la legislación para asegurar que no perpetúe desigualdades. La exigencia de títulos profesionales con antigüedad para cargos de representación de comunidades puede ser un obstáculo significativo, especialmente en contextos donde el acceso a la educación superior es limitado. Este caso pone de manifiesto la tensión entre los requisitos formales para el desempeño de funciones públicas y el derecho fundamental de los pueblos originarios a ser representados por personas de sus propias comunidades, quienes poseen un conocimiento intrínseco de sus realidades y necesidades.