A pesar de las promesas, diversos hechos revelan que la corrupción persistió en el país y en las instituciones bajo su gestión presidencial.
El periodo presidencial de Andrés Manuel López Obrador concluyó hace casi un año, dejando un legado marcado por discursos en contra de la corrupción y promesas de erradicación. Sin embargo, recientes investigaciones y revelaciones periodísticas muestran que diversos esquemas ilícitos continuaron operando durante su administración y quizá en algunos casos, no se adoptaron las acciones necesarias para detenerlos. Un ejemplo es la red de contrabando de hidrocarburos dentro de la Secretaría de Marina, en la que participaron oficiales de alto rango y familiares de exfuncionarios, lo que cuestiona la eficacia de las políticas anticorrupción prometidas. Además, se han detectado casos en los que empresas vinculadas a la delincuencia organizada, como Vector Casa de Bolsa, lavaron dinero para cárteles de la droga, incluso durante el mandato del expresidente, mostrando que la lucha contra el crimen financiero aún enfrenta obstáculos sustanciales. Por otra parte, la captura de un exfuncionario ligado a delitos de huachicol y crimen organizado en Paraguay ha puesto en evidencia las posibles conexiones con ciertos actores del estado anterior, generando inquietudes sobre la fiscalización y el control institucional en distintas áreas. Estas situaciones reflejan que la percepción de avances en la lucha anticorrupción requiere revisión y que los mecanismos institucionales aún enfrentan desafíos para garantizar transparencia total en todos los niveles de gobierno y seguridad.