La persecución judicial contra una exfuncionaria revela la manipulación del sistema legal con fines políticos en México. Una serie de procesos judiciales en México destacan por su carácter polémico y su aparente motivación política, en medio de un contexto en el que la justicia se ha convertido en un instrumento de control y represalia. La causa centra su atención en la exfuncionaria Beatriz Casar, acusada de presunto uso ilícito de atribuciones en relación con beneficios económicos ligados a pensiones durante su gestión en una institución pública. El caso se origina en una pensión por viudez tras el fallecimiento de su esposo, exfuncionario de Petróleos Mexicanos (Pemex). La empresa estatal suspende pagos en 2024 y exige la devolución de aproximadamente 31 millones de pesos, que incluirían una pensión mensual de alrededor de 125 mil pesos y un seguro por unos 17 millones. Paralelamente, sus hijos recibieron una pensión mensual de poco más de 15 mil pesos. En un escenario ideal, estos hechos habrían sido analizados bajo reglas jurídicas claras, considerando si existieron errores administrativos o responsabilidades en la autorización de los beneficios. Sin embargo, en el contexto actual, el proceso se ha convertido en una escenificación de poder, con judicialización en varias instancias: lo civil por la recuperación de fondos, lo administrativo por el daño a la hacienda pública, y lo penal con cargos que apuntan a un delito que, en realidad, no fue cometido en el momento de los hechos. El proceso penal se ha convertido en la pieza central de una estrategia de intimidación, pues la Fiscalía acusa a Casar por un delito que, en todo caso, no se ajusta a su perfil y en el que la evidencia no sería concluyente. La audiencia en el Reclusorio Oriente, programada para diciembre de 2025, refuerza esta percepción: en México, la forma en que se lleva a cabo el proceso legal también es una forma de castigo, generando un clima de presión y miedo en quienes desafían algunos criter
Miércoles, 13 de mayo de 2026
