La salida de la licitación de infraestructura energética favoreció a Nicky Caputo y Manuel Uribelarrea, en un proceso que aumenta costos para usuarios y retrasa inversiones.
La autoridad reguladora del sector energético aprobó la instalación de modernas baterías de gran escala en respuesta a la creciente demanda de estabilidad en el suministro eléctrico, aunque su puesta en marcha se pospone hasta el verano de 2027. La decisión, adoptada en un contexto de limitaciones en la transmisión y aumento de los picos de consumo, ha suscitado debates en torno al impacto económico y la gestión de contratos en el sector.
El costo de implementación de estas tecnologías de almacenamiento, que sumarán 677 megavatios al sistema, supera ampliamente el gasto promedio actual del mercado eléctrico. La inversión por megavatio se duplicó respecto a etapas anteriores, llevando los precios a niveles que difícilmente pueden ser asumidos por el Estado, trasferidos en última instancia a los consumidores, quienes ya enfrentan aumentos sustanciales en sus facturas.
En un proceso de licitación con procedimientos ágiles y opacos, dos de los principales ganadores son figuras conocidas por su cercanía a los círculos políticos y económicos. Nicky Caputo, primo del ministro de Energía, logró adjudicarse dos proyectos principales, uno en la zona de Central Costanera y otro en Edenor, con tarifas mensuales que superan los 11 mil dólares por megavatio. La otra firma destacada fue MSU Green Energy, vinculada a Manuel Uribelarrea, quien tiene antecedentes judiciales relacionados con aportes al kirchnerismo, pese a lo cual, la justicia permitió que justificara esas transacciones como contribuciones de campaña.
Este escenario refleja un proceso de ajuste en el sector energético, donde la concentración y los altos costos de las soluciones presentadas plantean desafíos para la estabilidad futura del sistema eléctrico y para las tarifas de los usuarios. Paralelamente, se oficializaron aumentos en las tarifas de distribución, con un incremento del 2,97 por ciento en los cargos, en línea con la tendencia de subas tarifarias que impactan en los bolsillos de los consumidores.
La estrechez en las inversiones en la red de transmisión y las decisiones en la licitación revelan la complejidad de garantizar un suministro confiable y asequible, en un contexto de crecientes demandas energéticas y limitaciones estructurales.