El sector campesino expresa decepción por la falta de respaldo y propone mayor participación en decisiones que afectan al campo mexicano.
En un contexto de creciente preocupación por el rumbo de la política agrícola en México, dirigentes del sector campesino han manifestado su descontento ante lo que consideran un incumplimiento de compromisos por parte del gobierno federal. El Frente Nacional para el Rescate del Campo denunció que, tras confiar en las promesas de la actual administración, los pequeños productores observan una política que favorece a intereses corporativos internacionales, en lugar de atender sus necesidades.
La decepción se agudiza con la reciente aprobación de la Ley de Aguas, la cual ha sido vista como un paso negativo para la protección de los recursos hídricos de los agricultores y ganaderos. La falta de una reunión con autoridades clave para presentar propuestas y reservas refuerza la percepción de que las decisiones se toman sin una verdadera consulta a los afectados, afectando la confianza en las instituciones responsables.
Este sector, que ha visto disminuir su participación en la política agrícola, encuentra en la oposición un respaldo mayor al del propio gobierno, lo que refleja una percepción de desconexión entre las promesas hechas y las políticas implementadas. Además, la politización en torno al uso del agua y la sustentabilidad coloca en la agenda pública la necesidad de revisar las prioridades del sector agrícola, particularmente en un país donde la seguridad alimentaria y la gestión de recursos naturales son cada vez más críticas.
En un contexto más amplio, la gestión del agua en México enfrenta desafíos complejos, incluyendo el crecimiento poblacional y el cambio climático. La reciente postura de Conagua, asegurando que la reforma busca evitar la mercantilización del recurso, señala una intención de fortalecer la conservación y el acceso equitativo, aspectos que cobran especial relevancia en la actualidad por su impacto en la soberanía alimentaria y el desarrollo sustentable.
Los actores del campo demandan mayor diálogo y participación en las decisiones que impactan directamente su supervivencia y su economía, subrayando la necesidad de políticas integrales y transparentes que consideren las particularidades del sector campesino y rural.