Fiscales y jueces advierten que el avance del nuevo sistema en noviembre puede comprometer investigaciones complejas y requiere más recursos
El proceso de implementación del esquema acusatorio en la justicia federal de Buenos Aires enfrenta una fuerte resistencia por parte de fiscales y jueces, quienes advierten que la brevedad del plazo hasta el 10 de noviembre no alcanza para realizar las adecuaciones necesarias. Este modelo, establecido en la Constitución desde 1994, busca transformar el funcionamiento del sistema judicial, otorgando mayor control a las fiscalías desde el inicio y limitando el rol investigativo de los jueces, además de promover audiencias públicas y transparentes. Sin embargo, la transición requiere un cambio profundo en infraestructura, capacitación y recursos humanos, particularmente en la sede de Comodoro Py, que alberga numerosas causas de alta complejidad.
Este rechazo no solo responde a la carga de trabajo actual que consideran insuficiente, sino también a las resistencias políticas, en un contexto donde las investigaciones de delitos de impacto social y crimen organizado, como narcotráfico o corrupción, podrían verse afectadas. La tensión se ha intensificado con declaraciones oficiales y notas públicas, evidenciando que el objetivo de la reforma es agilizar y transparentar la justicia, aunque todavía enfrentan obstáculos técnicos y estructurales para su plena puesta en marcha. La adopción del sistema acusatorio es vista como un paso necesario para mejorar la credibilidad internacional del sistema judicial argentino y cumplir con estándares internacionales de combate al lavado de dinero y delitos económicos.
El cambio representa una pérdida de poder para los actuales jueces, quienes controlan muchas de las etapas procesales y pueden dilatar causas a conveniencia, práctica que en el pasado ha influido en la acumulación de causas y retrasos prolongados en justicia. La futura gestión requiere un liderazgo coordinado y una inversión sustancial en recursos, aspectos que por ahora están ausentes, incrementando las tensiones en un escenario donde la credibilidad y eficiencia de la justicia están en juego.